La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con el que se busca la reactivación empresarial, reorganización y capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure (La Guajira).
Esta iniciativa, a la que le resta solo un debate en la Plenaria del Senado para que pase a sanción del Presidente de la República, busca contribuir con la industrialización y con el impulso socioeconómico del departamento, así como salvaguardar el patrimonio de las comunidades de ese municipio, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en La Guajira.
La iniciativa plantea un proceso que contempla:
- Salvamento y normalización de pasivos: SAMA LTDA podrá acogerse al régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006, lo que permite preservar la empresa, evitar la caducidad de contratos por incumplimientos y remitir los procesos judiciales al juez del concurso. Este proceso busca normalizar sus pasivos mediante acuerdos con acreedores (quitas y esperas) y enfocar su actividad en la reactivación de las salinas de Manaure.
- Capitalización: la recuperación de SAMA incluye la capitalización de acreencias mediante acciones, bonos de riesgo u otros mecanismos de subordinación de deuda, así como aportes directos de la Nación —en dinero o especie— representada por el Ministerio.
- Reactivación productiva y fortalecimiento institucional: se contempla la entrega de maquinaria y equipos por parte de la SAE como aportes de capital para reactivar su actividad económica. Todo esto en el marco de un plan integral para conservar a SAMA como sociedad de economía mixta, fomentar su rol en la reindustrialización, generación de empleo y protección del patrimonio público en La Guajira.
Es importante mencionar que el proyecto desarrolla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas, con la habilitación general para que el Gobierno pueda capitalizar la empresa, a través de diferentes modalidades como aporte en dinero o en especie. Esto constituye una innovación en el país, dado que hasta el momento solo se contaba con un régimen que permitía este tipo de actuaciones entre los niveles central y descentralizado, pero del mismo orden territorial.
El proyecto detalla que la capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad.
El Gobierno aclaró que no adelanta este proceso bajo la Ley 550 de 1999, debido a que, aunque esta norma plantea la reestructuración de las empresas para atender sus obligaciones de pago, dificulta la reorganización de la unidad productiva.
