En visita de seguimiento a la advertencia emitida por la Contraloría General de la República en noviembre del 2024 a la ANI y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por los riesgos fiscales identificados en desarrollo del proyecto concesionado “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró la advertencia sobre los posibles riesgos que implica la terminación anticipada del contrato, que podría significar el pago de una suma que hoy ascendería a los $434.000 millones.
En caso de que suceda una terminación anticipada de este contrato de concesión, por causas no imputables al concesionario, el contrato prevé el pago a éste de una cifra que ya hoy podría ascender a $434.000 millones, con el agravante de que la Nación no habría recibido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás actividades y obras previstas.
Además, se podría materializar el gran riesgo social y fiscal de que pudieren quedar expuestas y desprotegidas frente a inundaciones casi 200.000 hectáreas de los 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique y el millón y medio de personas allí asentadas, durante los inviernos severos que se han vaticinado como producto del cambio climático.
También, se podría incrementar la degradación ambiental de los ecosistemas del Canal del Dique, debido al incontrolado ingreso de sedimentos al canal, ciénagas, caños y a las Bahías de Cartagena y Barbacoas. De otra parte, quedarían sin soporte contractual ni ejecución, los casi $213.000 millones que está previsto invertir en gestión social, institucional y ambiental, en los 19 municipios del aérea de influencia de este macroproyecto.
También se perdería la inversión ya ejecutada de casi $11.000 millones en el desarrollo, protocolización y compromisos de las 17 Consultas previas ya realizadas con comunidades, por parte del concesionario y la ANI.
“Aunque estos riesgos fueron oportunamente alertados y advertidos por la Contraloría, creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos con pleno apego a la ley y al contrato vigente, de forma que se evite su materialización y no se conviertan en una presunta causal para generar o decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión que, hace parte de una declaratoria de importancia estratégica para la Nación y que generará grandes beneficios al país”, indicó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
