Con una cifra que supera los 54 mil estudiantes matriculados en todas sus sedes y casi 10 mil graduados por año, la Universidad Nacional de Colombia es sin lugar a dudas la institución de educación superior más importante del país.
Pero esto no es lo único que se tiene para mostrar en estos momentos, desde hace años la ciudadela ha venido sufriendo de un deterioro estructural que poco a poco se ha ido convirtiendo en un serio problema y peligro para todos los estudiantes, administrativos, docentes y trabajadores. Este problema no es nuevo, ya desde el 2012 la Dirección de Infraestructura de la universidad publicó un informe sobre el estado de la ciudad universitaria.
21 edificios presentaban riesgo alto de vulnerabilidad, 4 estaban en amenaza de ruina y 7 ya habían sido reforzados. 131 edificaciones fueron construidas antes de las nuevas normas de sismo resistencia de 1998. Había que reforzarlos.
Pasaron los años, se hicieron multiples debates, se aprobó una estampilla pro universidades (no solo la Nacional, todas las públicas), y poco cambió. Lo saben bien algunos estudiantes que estaban en el campus el pasado 10 de marzo. Aquel día llovió mucho en Bogotá.
Varias facultades, entre ellas la de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas cancelaron sus clases, un par de días, por los daños en los techos de los edificios. Nicolás, un estudiante de política, repetía con triste humor lo que decían muchos otros en redes: llueve más adentro de los edificios, que afuera. Las imágenes se multiplicaban en twitter, facebook y whatsapp.
Nada de esto es nuevo. Algunos, como el ex rector Moises Wasserman, dicen que este problema es tan viejo como la ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. Y el tema es básicamente uno: faltan recursos para las universidades públicas, no solo la Universidad Nacional.
La sede Bogotá tiene 152 edificaciones, algunas muy deterioradas, otras que no existen, como la de Artes, que se tuvo que demoler en el 2012, hace 8 años. El último estudio sobre el estado de la sede es del 2016, y hablaba de la necesidad de invertir, al menos, un billón de pesos. Hoy, seguramente, esa cifra debe ser mucho mayor.
En el 2013, el entonces rector Ignacio Mantilla impulsó en el congreso un proyecto que permitiría acceder a recursos que se destinaran, exclusivamente, a inversiones de infraestructura. Era la estamilla pro universidad pública. Según el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de educación del momento, María Fernanda Campo, se recuadarían 1,2 billones de pesos en los primeros 5 años. No ha sido así.
Apenas se han recaudado 305 mil millones, y a la Nacional solo le quedan 212 mil. Es tan poco lo recaudado, que la rectora Dolly Montoya, el pasado 13 de agoto, le pidió a la DIAN una auditoría. La DIAN contestó que trabaja con “determinación”, pero sigue sin explicar por qué es tan bajo el recaudo.
Consultamos también a la ministra de educación, María Victoria Angulo, que no contestó nuestros mensajes. Lo mismo pasó con el profesor Jaime Franky, vicerrector de la sede Bogotá, que no quiso pronunciarse sobre el tema.
Hay un dato final: en una carta que envió el Consejo Superior Universitario al presidente Iván Duque, le recuerdan que el impacto de la pandemia en los recursos propios de la Universidad es de 32.881 millones de pesos, y eso sumado al déficit acumulado de años anteriores, generará un faltante para el 2020 de 77.466 millones. Solo para gastos administrativos y de servicios. Sin invertir un peso en sus intalaciones.